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Fallo
de la Operación Albania
El procesamiento del Mayor (j)de Carabineros Luis Acevedo
y del agente de la CNI José Miguel Morales, no solo plantea
como inminente el cambio de la encargatoria de reo del ex director
de la CNI Hugo Salas Wenzel de encubridor a autor intelectual. También
despertó todo tipo de recelos porque Acevedo era el encargado
de su institución de recopilar los antecedentes de detenidos
desaparecidos para entregar a la Mesa de Diálogo.
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Proyecto
de ley de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Aunque la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
se niega a la tesis de la justicia con clemencia, esta entidad está
dispuesta a acoger la rebaja de penas si el Presidente Lagos activa
el proyecto de ley "Para la Paz y la Reconciliación"
que la Agrupación presentó para lograr avances en
este campo. Ello, pues existe en este sector el convencimiento que
este 6 de enero no habrá grandes avances en la ubicación
del paradero de sus cercanos, pues las FF.AA habrían condicionado
la entrega de esta información a la impunidad de los responsables.
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Lista
de desaparecidos entregados por las FF.AA.
El primer resultado concreto de la mesa de diálogo
fue la entrega de un listado de detenidos desaparecidos y su destino.
En ellos sólo se entregarían datos suficientes para
encontrar los restos de seis personas. La Plana mayor del PS y del
PC habría sido arrojada al mar, lo que se contradice con
datos de investigaciones judiciales.
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Procesamiento
de Pinochet
El primero de diciembre de 2000 el juez Juan Guzmán
declaró reo al senador desaforado Augusto Pinochet Ugarte,
como autor intelectual de los 19 secuestros agravados y 72 homicidios
cometidos por la Caravana de la Muerte.
Sin
embargo, la defensa del ex jefe militar presentó un recurso
de amparo en contra de esta resolución, el que fue aceptado
por la Corte de Apelaciones el 11 del mismo mes.
En
esa resolución las presunciones fundadas del juez Guzmán
quedaron incólumes, pero el dictamen impuso un interrogatorio
previo para reponer el procesamiento.
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Desafuero
de Pinochet
Desde minuto en que Augusto Pinochet Ugarte entregó
la comandancia en jefe del Ejército al general Ricardo Izurieta,
se abrió por primera vez un abanico real de acciones destinadas
a juzgar su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante su gobierno e, incluso, el apego institucional
de sus actuaciones durante las administraciones de la Concertación.
Esta es una acabada reseña de lo ocurrido desde entonces
con el uniformado y de los principales hitos judiciales que concluyeron
con su desafuero el 8 de agosto del 2000.
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Informe
Rettig |
La
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue creada
el 25 de abril de 1990, con el objetivo de aclarar las más
graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11
de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Esta comisión entregó su informe al entonces Presidente
la República, Patricio aylwin, el 8 de febrero de 1991 y
el mandatario lo dio a conocer al país el 4 de marzo de ese
mismo año.
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Caso
Letelier |
Uno
de los crímenes más despiadados de la disuelta Dirección
Nacional de Inteligencia (DINA) fue el asesinato del ex canciller
chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronny Moffit en pleno barrio
diplomático de la capital de Estados Unidos. El 21 de septiembre
de 1976, una bomba instalada en el auto del ex canciller por el
agente de ese organismo Michael Townley, y activada por cubanos
anticastristas, terminó con la vida del ex canciller de Allende
y dio inicio a un largo proceso judicial que culminó en 1995
con la condena de Manuel Contreras y Pedro Espinoza.
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Caso
Tucapel Jiménez
En el auto de procesamiento del ex auditor
del Ejército, dictado el 9 de noviembre de 2000, se presume
que varias "autoridades del gobierno de la época"
tuvieron conocimiento o participación en la planificación
del homicidio y en acciones de ocultamiento de los hechos. Entre
ellas, se menciona al Comandante en Jefe del Ejército y personeros
de los ministerios Secretaría General de Gobierno, División
de Organizaciones Civiles y Secretaría Nacional de los Gremios.
El magistrado también hace mención a un centenar de
declaraciones de altos personeros civiles y militares de la dictadura.
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Mesa
de Diálogo |
La
mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos iniciada durante el
gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y concluida en la actual administración,
tuvo la virtud de sentar en una misma mesa a los representantes
de las Fuerzas Armadas y de Orden, los abogados de derechos humanos
y representantes de distintos entidades éticas y de la sociedad
civil, para condenar la violencia como método de acción
política y concordar una vía para esclarecer el paradero
de los detenidos de los detenidos desaparecidos.
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Proyecto
Figueroa-Otero |
Uno
de los esfuerzos más serios para reformar la Constitución
de 1980 se llevó a cabo en 1995. El ministro del Interior
de la época, Carlos Figueroa, junto al senador de Renovación
Nacional, Miguel Otero, concordaron un proyecto de ley que finalmente
fue rechazado en el Senado, debido a que no contó con los
votos del ala conservadora de RN y de la totalidad de los parlamentarios
de la UDI.
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Tribunal
Penal Internacional
El
arresto del general Augusto Pinochet en Londres abrió con
fuerza el debate sobre el derecho de la comunidad internacional
de juzgar a los responsables de crimenes de lesa humanidad. La
Corte Penal Internacional, aprobada en 1998 por las Naciones Unidas,
es la alternativa creada por la comunidad internacional para establecer
una entidad jurídica competente en estos casos y ahora
le corresponde a los 120 estados suscriptores ratificar el convenio
que le da vida.
En el caso de Chile, el acuerdo que da vida a este tribunal está
siendo analizado por el Congreso.
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Dr.
Luis T. Díaz Müller
La globalización de la justicia
y el proceso Pinochet
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Pinochet
está siendo juzgado por una Comunidad Internacional, con
pretensiones mundiales. Este avance rotundo del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, aún con los subterfugios legales
que puedan esgrimirse le otorga primacía ante el orden jurídico
interno, maniatado por la fuerza y el control que el general ejerce
sobre el poder judicial chileno y el ejército. Con todo,
la petición de desafuero ante la Corte de Apelaciones de
Santiago (abril - 2000) abre un nuevo escenario en este largo e
inacabado proceso político - jurídico.
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