Al votar en la última sesión de enero las modificaciones respecto a los tratados internacionales, la comisión de Constitución del Senado terminaba de ver las llamadas reformas duras de la Carta Fundamental. Con ello, el paquete de reformas quedaba prácticamente listo para ser votado en la sala al inicio del próximo periodo legislativo. Sin embargo, en un debate de último minuto acordaron fijar el 11 de marzo como tope para la presentación de nuevas indicaciones al artículo 57º. El mencionado artículo norma las causales de cesación en los cargos parlamentarios y a los honorables les pareció pertinente su revisión más detenida, en el marco del desarrollo de los últimos acontecimientos. El caso coimas –en el cual se encuentran cinco diputados desaforados por la justicia- y la polémica en la tramitación de la Ley de Pesca –en la que el presidente del Senado resultó cuestionado por sus inversiones en empresas del sector- fueron los principales hechos que merecieron la atención de los senadores. En ese contexto, consideraron importante revisar cuidadosamente este artículo y estudiar la posibilidad de agregar algunas causales nuevas. Formalmente, ya se encuentra presentada una indicación del senador Alberto Espina que propone la remoción del cargo para aquellos parlamentarios que “promovieren o votaren asuntos que les interesen directa o indirectamente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad”. Con ello se llenaría el actual vacío en el reglamento corporativo que, si bien prohibe la participación de honorables en proyectos que tengan relación con sus intereses personales, no establece sanción para los que lo transgredan. El tema originó sendos informes jurídicos y un amplio debate en la sala cuando se votó la Ley de Pesca, pues el senador Nelson Avila solicitó la inhabilitación de los hermanos Zaldívar, dadas sus inversiones en empresas del sector. La propuesta de Espina establece el cese de las funciones parlamentarias como consecuencia del incumplimiento de la norma reglamentaria, basado en los mismos preceptos actualmente vigentes en ella. Espina también propone modificar algunos incisos del actual artículo 57º que determinan el término del cargo de aquellos parlamentarios que celebraren contratos con el Estado, actuaren como abogados en juicios contra el fisco, hicieren gestiones particulares de carácter administrativo en relación a empleos públicos o similar naturaleza, o se desempeñaren como directores de banco o de sociedad anónima abierta. En este caso, a juicio de Espina, la sanción debiera hacerse extensiva tanto para los casos en que el parlamentario actúe por sí o a través de otra persona o sociedad. Espina dijo a Primera Línea que consideraba necesario actualizar estas normas de data muy antigua para aclarar “algunos aspectos confusos” en relación a estas normas y que está trabajando en nuevas indicaciones que espera presentar en marzo próximo. Para ello encargó a Marcelo Venegas, del Instituto Libertad, un completo estudio jurídico al respecto.
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