Por Marcelo Silva En 1999 fue ingresado al parlamento por mensaje presidencial, el proyecto de ley sobre Casinos y Salas de Bingo, que vendría a normar un sector que estaba siendo muy apetecido por los municipios que habían solicitado la ley especial para instalar este lucrativo negocio en sus ciudades. Eran los casos de Antofagasta, Caldera, La Serena, Cartagena, Lo Barnechea (Valle Nevado), San José de Maipo, Machalí, Colbún, Pichilemu, Constitución, Chillán (Termas de Chillán), Valdivia, Osorno y Puerto Aysén, según consta en los proyectos de ley de la Cámara de Diputados. Desde ese año, el proyecto ha sido objeto de modificaciones en su tramitación parlamentaria, debido a que la iniciativa no ha dejado de generar preocupación en comunas cuyos ingresos por este tipo de negocios sobrepasan los 7 mil millones de pesos al año, como es el caso de Viña del Mar. Además, los siete municipios que hoy cuentan con salas de juego, han dado la batalla en contra de que en la Región Metropolitana se instale un casino, ya que perjudicaría el negocio regional que hasta ahora se ha gestado. La iniciativa entonces daría la posibilidad de aumentar a 24 el número de casinos, ya que sólo se permitirían dos por región como máximo, exceptuando la Región Metropolitana. Desde el comienzo de la discusión uno de los puntos más controversiales fue la repartición de las ganancias con la nueva norma, la que mermaría en forma importante las arcas de los municipios. El proyecto señala que las concesionarias deben pagar el 20% de sus utilidades, yendo un 10% para el Fondo Común Municipal, que se reparte entre las 341 comunas del país, y el otro 10% para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que se repartirá en la respectiva región. Hoy día cada municipio maneja directamente sus ingresos, con lo que este escenario viene a cambiar las reglas del juego. Quién juega y quién no En la actualidad es una licitación la que entrega la operación a los inversionistas, pero con el nuevo proyecto y en caso de que existan dos proyectos que postulen al mismo tiempo, será la Superintendencia la encargada de determinar cuál se ejecutará, tomando en cuenta algunos parámetros como la inversión a realizar, la cantidad de empleos que generará o la oferta turística de la zona. Esto ha generado suspicacias ya que dado los últimos acontecimientos de corrupción, el tráfico de influencias, sumado al posible lobby que puedan impulsar grandes inversionistas para obtener los contratos, puedan entrampar los tan anhelados proyectos municipales. Otra de las preocupaciones de los legisladores, municipios y los propios operadores, es que la apertura del negocio genere la posibilidad del lavado de dinero. Para tal efecto, se crea la Comisión Nacional del Juego, órgano que tendría la función de autorizar y fiscalizar la práctica excepcionalmente lícita de los juegos de azar en los Casinos de Juego y las Salas de Bingo. Este organismo, según el proyecto, tendrá el carácter de superintendencia, por lo que será autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dejando de lado el actual esquema en que era el municipio el que otorgaba la licitación y también vigilaba la legalidad del negocio. Pero mientras los municipios y el gobierno continúan negociando, los casinos en Internet siguen moviendo cifras exorbitantes de dinero en todo el mundo debido a que no existe marco jurídico que regule las apuestas en línea, ya que los servidores hasta donde llegan los jugadores están en países que permiten estas prácticas, en Europa, Africa y el Caribe. El monto de las apuestas en estos sistemas va de los 25 centavos hasta miles de dólares, dependiendo del cupo de la tarjeta de crédito. En caso de perder, la cantidad es descontada directamente. Si gana, el premio puede ser cobrado por el mismo mecanismo.
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