Aun cuando la discusión sobre los mecanismos de financiamiento del polémico plan Auge ha sido diferida para marzo, la complejidad del debate ha llevado a abrirlo hacia otras posibilidades de fuentes de recursos, como serían los royalties a la minería. Este cargo sería en compensación a la eliminación de los fragmentados impuestos propuestos por el gobierno, los cuales recaen en sectores menores que tradicionalmente han sido objetos de gravámenes. Es el caso de los combustibles, los juegos de azar, el tabaco y los alcoholes. El financiamiento completo de las propuestas gubernamentales incorporadas en su agenda social requiere de 225 mil millones de pesos anuales, de los cuales 153 mil corresponden a la reforma de Salud y 72 mil al programa Chile Solidario. Quien ha venido encabezando estas nuevas cavilaciones es el presidente de las comisiones de Salud y Hacienda, el diputado DC Pablo Lorenzini, que observa futuros problemas en los mencionados sectores en caso de un aumento de sus tributos. El caso es especialmente sensible con la sobretasa que se aplicaría a los vehículos diesel, carga que vendría a generar trastornos en rubros del transporte ya bastante golpeados económicamente. La propuesta, que concita un generoso respaldo desde todos los sectores parlamentarios que han reclamado por el mínimo y acaso nulo pago de tributos por parte de las transnacionales mineras, no será, empero, una materia de fácil incorporación. El %res%lobbying%RES% que ejercen estos grandes conglomerados –recordemos el reciente caso de la minera Exxon en La Disputada de Las Condes- ha inhibido, hasta el momento, cualquier modificación en esta materia. Sin embargo, un royalty no es necesariamente un impuesto. Es un pago por la extracción de un recurso que, a fin de cuentas, pertenece al Estado de Chile. Para Lorenzini, un punto de %res%royalty%RES% significaría unos cien millones de dólares, monto suficiente para reemplazar a los diversos otros impuestos inicialmente planteados. El gobierno, no obstante, rechaza esta propuesta. Accedería, ha señalado el diputado DC, a conceder una cierta progresión en la aplicación de los diversos impuestos originalmente propuestos. De este modo, estos actores productivos podrían adaptarse de forma gradual a las nuevas circunstancias. Pese al frío entusiasmo que expresa Hacienda hacia estas propuestas alternativas de financiamiento, en el gobierno hay sectores que han reconocido el bajo aporte que tiene el sector minero en la economía del país. Desde el Ministerio de Minería se ha oído la intención de solicitar ciertas “contribuciones” a las empresas, las que debieran hacerse como un aporte al país. Las primeras demandas de la autoridad se orientaron hacia la creación de un Fondo de Sustentabilidad, iniciativa que fue rechazada por el Consejo Minero, la agrupación que acoge a estas corporaciones. Pese a la negativa empresarial, esta cartera ha insistido a las compañías sobre la posibilidad de realizar aportes voluntarios, los que se orientarían a mejorar las condiciones sociales en las zonas que operan. No es un dato irrelevante la alta rentabilidad que obtiene este sector en períodos de bajo valor del cobre. Las tímidas presiones gubernamentales hacia este poderoso sector son un reconocimiento implícito a la poca interacción que tienen estas corporaciones con el resto de la economía nacional. Aun cuando la gran minería del cobre representa el 42 por ciento del total de las exportaciones chilenas (US$ 7.500 millones el 2001), se trata de un área de la economía que opera cual enclave en sus respectivas regiones. Utilizan alta tecnología, sin embargo la gran mayoría de sus bienes de capital son adquiridos en el exterior, en tanto el uso de mano de obra local es relativamente bajo. De este modo, el impacto social, económico y laboral en las zonas es escaso. No sólo la relativa independencia de estas empresas a la economía es lo que inquieta. Está también la preocupación central que deriva de una supuesta elusión permanente de impuestos, debate antiguo que, sin embargo, saltó a la superficie con la venta de la compañía Disputada de las Condes de Exxon a Anglo American. La petrolera vendió la empresa en US$ 1.300 millones, aun a costa de pérdidas desde hace más de veinte años, por lo que, gracias a artificios contables muy bien apoyados en la legislación chilena, no pagó un peso en materia de impuestos. Las mineras no pagan impuestos, royalties o patentes mineras por derechos de explotación de un recurso no renovable. De este modo, al carecer de una activa participación en el resto de la economía chilena y al no hacer ningún aporte real al estado, es poco o nada lo que las empresas han hecho por el desarrollo del país. Tanto así, que estudios especializados consideran que su presencia ha sido no sólo neutra, sino francamente negativa para la economía chilena. Los fuertes incentivos otorgados a este sector han llevado a la actual sobre producción cuprífera, fenómeno que ha incidido de forma negativa en el precio del cobre internacional. El economista Andrés Sanfuentes ha señalado que estas corporaciones se “han acogido a sistemas tributarios que les han permitido diferir considerablemente los impuestos sobre los beneficios, como es el caso de las sociedades contractuales mineras y las normas de depreciación acelerada. El hecho que su principal insumo es el mineral de cobre -un recurso natural no renovable-, no da origen a compensación adicional alguna al Estado. En definitiva, el valor agregado al PIB chileno ha sido relativamente pobre”. Es probable que el escenario internacional y el freno en las corrientes de inversión hacia América Latina se instalen como elementos inhibidores del debate, no obstante, si no hay una verdadera voluntad política siempre habrá argumentos para aplazar estas discusiones.
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