Hasta la noche del martes, la mesa colorina tenía notificado oficialmente al gobierno que al día siguiente rechazaría el artículo 30º del proyecto Auge que creaba el Fondo Maternal Solidario que liberaba recursos fiscales para el financiamiento de plan estrella de la reforma de salud. Es más, el jefe de bancada, Waldo Mora, había designado a la vicepresidenta del partido Alejandra Sepúlveda para que inteviniera en la sala fundamentando el voto negativo. Pero Mora había pasado por alto un pequeño gran detalle: por reglamento, el mentado artículo debía darse por aprobado en la sala sin discusión al no haber sido objeto de indicaciones durante su tramitación en la comisión de salud. Salvo, que en reunión de comités previo a la sesión se decidiera otra cosa. Pero Waldo Mora no llegó a la cita y tampoco mandó reemplazante. El único DC presente en el encuentro matinal era el presidente de la comisión de Salud, Patricio Cornejo, y, claro, él no comulgaba con la postura oficial del partido a este respecto. Ya terminado el debate en sala, Mora trató de salvar la situación pidiendo una interrupción de la sesión cuando ya había terminado el debate, cerca de las 15 horas, para intentar un acuerdo de comités que permitiera volver a ver el artículo en la sala. Según participantes en la reunión, apeló al derecho de expresar el voto, aunque fuera minoritario, apoyado en su afán por la UDI. Pero el resto de los comités, incluido RN, se apegó al reglamento, cerrando así la única posibilidad que le quedaba en la cámara baja. De esta forma, un dificultoso y esperado triunfo de La Moneda, que consiguió emocionar al ministro de Salud al término de la jornada en que se aporbó casi por unanimidad el proyecto Auge –con excepción de un artículo menor referido al derecho a reclamo de los pacientes-, se transformó en la peor derrota legislativa de la mesa colorina. La clara advertencia que hiciera el timonel de la DC a mediados del año pasado en orden a que su partido no apoyaría la propuesta presidencial en lo que a subsidio maternal se refería se diluyó en minutos. El error fue evaluado por la directiva colorina como “inexcusable” y se usaron gruesas palabras para calificarlo. No en vano, la línea oficial del partido –fruto del informe evacuado en mayo pasado por el Consejo Económico Social asesor de la directiva- se había constituido en un escollo no sólo en las relaciones del partido con el gobierno, sino también en un catalizador de las diferencias internas entre neoliberales y partidarios del rol subsidiario del Estado en la falange. “En esa parte (modificación del subsidio maternal), es claro que el gobierno no contará con nuestros votos. Vamos a buscar todas las fórmulas para superar el incordio, pero si insisten, no tendrán nuestros votos”, advertía Zaldívar a la prensa a inicios de julio, en medio de los momentos más tensos de la crisis de la Concertación que incluyó éste y otros temas como rentas municipales II y reforma tributaria. Agregaba que esa posición era la oficial del partido y, por tanto, “obligaba” a todos sus parlamentarios a respetarla, haciendo caso omiso de los detractores internos que ventilaban sus diferencias en la prensa. El debate desapareció de la agenda pública a fines de ese mes, luego que se acordara en un almuerzo de Lagos con los cuatro presidentes de partidos, en Cerro Castillo, que las diferencias se resolvieran en el Congreso evitando mostrar a la coalición dividida en estos temas. Pero nunca se llegó al consenso, ni siquiera al interior de las filas falangistas. De hecho, tras la aprobación de la norma eran varios los diputados demócratacristianos que no disimulaban su conformidad con lo ocurrido. Ahora, al colorín sólo le queda el Senado para insistir en su negativa. Pero el panorama allí es muy distinto ya que se sabe que son varios los senadores de sus filas que no se sienten representados por el acuerdo del Consejo Económico Social, entre ellos los hermanos Frei, Jorge Pizarro, Sergio Páez, Mariano Ruiz-Esquide, Jorge Lavanderos y José Ruiz Di Girogio. Así las cosas, será a los propios autores de esa posición, senadores Edgardo Boeninguer y Alejandro Foxley, a quienes corresponderá tratar de enmendar el “error” en la cámara alta. El subsidio maternal fue otorgado a las isapres en 1985 para fortalecer el nacimiento de esta nueva industria de la salud y, en la práctica, fue la inequidad de su aplicación la que determinó la decisión gubernamental de proponer su modificación. De hecho, las mujeres de más altos ingresos se llevan aproximadamente la mitad de los 53 mil millones que el Fisco destina a esos fines y sólo el 20% de esos recursos se orienta a las beneficiarias de Fonasa. En la práctica, una mujer que gana dos millones de pesos mensuales recibe un subsidio fiscal nueve veces mayor que una trabajadora cuyos ingresos están regidos por el salario mínimo. Las otras normas del Auge El texto legal aprobado ayer en la cámara, que deberá iniciar debate en el Senado la próxima, define el régimen de garantías como parte integrante del sistema de prestaciones consagrado en la Ley 18.469 y de las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios de las instituciones de salud previsional (isapres) conforme a la ley 18.933. Junto con las acciones de salud pública elaboradas por el ministerio del ramo, constituyen el Sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE). Este sistema establece un conjunto prioritario de enfermedades y condiciones de salud y las prestaciones de salud asociadas a ellas, de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, con garantías relativas al acceso y a niveles de oportunidad, protección financiera y calidad, tanto para los usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como los de isapres. Las garantías consagradas en esta iniciativa son constitutivas de derecho para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por estos ante las autoridades. La iniciativa crea también un Consejo Consultivo compuesto por nueve miembros nombrados por el Presidente de la República y relacionados con la medicina, salud pública, economía, bioética, derecho sanitario y otras disciplinas, el que tendrá un carácter asesor y técnico y estará encargado de analizar, evaluar y revisar el régimen de garantías. Este régimen será examinado cada tres años y en ningún caso podrá limitar o disminuir los derechos de las personas afectas a esta ley.
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