Por Marcela Ramos El 4 de julio del año pasado, el capitán ® del Ejército Jorge Herrera López se comunicó telefónicamente con la ministra Amanda Valdovinos, designada especialmente por la Corte Suprema para investigar los antecedentes entregados por la mesa de diálogo. Herrera llamó a la jueza desde una habitación del Hospital de la Fuerza Aérea. En los días siguientes, sería sometido a una delicada operación vascular, por lo que necesitaba urgentemente reunirse con ella, para entregarle valiosos antecedentes. Tras cortar el teléfono, la precavida ministra se comunicó con la doctora que trataba a Herrera, María Elena Naray. Esta le señaló que la salud del ex oficial era de cuidado, y que en su opinión no estaba preparado para declarar. Minutos después, Valdovinos recibió otro llamado. Era el coronel de la Fuerza Aérea Eduardo Rodríguez Vargas, director del hospital. Su recomendación era suspender cualquier diligencia.  Ministra Amanda Valdovinos |
Cuatro días después, el 8 de julio, la ministra Valdovinos se constituyó finalmente en el hospital de la FACH. Había llamado a Herrera para saber cómo estaba y el oficial le insistió en que lo visitara, pues lo operarían al día siguiente. Muchos años antes, a causa de la misma historia que relató a la ministra Valdovinos, Jorge Herrera tuvo que abandonar el Ejército, afectado por una “neurosis traumática” que lo mantuvo por años tenso y angustiado. Desde entonces, este ex oficial vive ayudado por psicofármacos. Jorge Iván Herrera López tenía 21 años para el 11 de septiembre de 1973 y ostentaba el grado de subteniente. Estaba destinado al regimiento Tacna y ese día integró uno de los grupos de soldados que ingresaron al Palacio de La Moneda junto al general (r) Javier Palacios. La noche del 11 de septiembre Herrera regresó al Tacna y se enteró que en una de las caballerizas del regimiento estaban “los detenidos de La Moneda”, como se llamaba a la veintena de hombres –asesores, analistas y GAP- más cercanos a Salvador Allende que fueron arrestados en el palacio de gobierno. Juan Seoane, jefe de los detectives asignados a La Moneda el día del golpe y quien ha declarado en una decena de procesos, recuerda claramente al subteniente Herrera. Lo vio primero en La Moneda, herido. Luego en el Tacna, y este segundo encuentro lo tiene grabado a fuego: Herrera, acompañado de un sargento, camina portando gruesos alambres de cobre forrado. Al llegar al lugar donde se encuentran algunos de los asesores de Salvador Allende, los golpea con los cables hasta cansarse. Pero fue el jueves 13 de septiembre cuando los detenidos de La Moneda se enfrentaron al lado más feroz del subteniente Herrera. Amarrados de pies y manos, fueron subidos a un camión y trasladados a un predio que el regimiento Tacna tenía en Peldehue. Allí, Herrera fue uno de los oficiales que encabezó el pelotón de fusilamiento que terminó con la vida de los principales asesores y guardias personales del ex Presidente Salvador Allende. Concluida la operación, se les ordenó a los soldados tapar los cuerpos con tierra y lanzar granadas, para derrumbar las paredes del pozo en el que habían caído. Según declaró Herrera, quien le dio la orden de trasladar los presos a Peldehue fue el comandante del regimiento Tacna, el coronel Joaquín Ramírez Pineda. Lo mismo recuerdan el sargento Teobaldo Mendoza y el suboficial Eliseo Cornejo, y así lo expresaron ante el magistrado que asumió la causa por los detenidos de La Moneda, Juan Carlos Urrutia, titular del Quinto Juzgado del Crimen. Los antecedentes entregados por Juan Riquelme, quien para septiembre de 1973 era cabo primero del Tacna, son aún más elocuentes respecto a la eventual responsabilidad de Ramírez. Riquelme relató que recibió la orden de escoltar un traslado de prisioneros y sacar una caja con 10 ó 15 granadas que iban a ser usadas en una “misión”. La orden, dijo al juez, provenía del comandante del Regimiento. La semana que viene será crucial para algunos de estos hombres. El juez Juan Carlos Urrutia tiene lista la resolución con la que someterá a proceso a Joaquín Ramírez Pineda, Jorge Herrera y al menos otros cuatro suboficiales del Tacna por el delito de secuestro de los detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Y esto, a 30 años de ocurridos los hechos. Cerco a Ramírez Pineda Por los mismos días que la ministra Valdovinos interrogaba al ex oficial Herrera en el hospital de la FACH, se constituyó el juez Urrutia en las dependencias del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército. Allí lo esperaba el mayor general ®, Joaquín Ramírez Pineda, de 77 años. Ramírez negó cualquier responsabilidad suya en los fusilamientos de los detenidos de La Moneda. Aunque reconoció que el día del golpe este grupo fue trasladado al Tacna, regimiento que él comandaba, señaló que estas personas fueron interrogadas por personal de Inteligencia ajeno a su cuartel. Que incluso eran sacados y reingresados a la unidad, aclaró, dejando entrever que en el Tacna nunca se practicaron interrogatorios. Del subteniente Herrera, Ramírez recordaba que había sido herido en La Moneda, y que le regaló el casco con los orificios de balas, como recuerdo de lo sucedido el 11 de septiembre. De los detenidos de La Moneda, dijo Ramírez, lo único que supo fue que entre el 13 y 14 de septiembre de 1973 fueron sacados del Tacna con destino desconocido. Tras declarar esto, Ramírez recordó que después de prestar sus servicios en el Tacna fue destinado a Buenos Aires como agregado militar. Según antecedentes publicados por la revista Siete+7, Pinochet envió a este militar a la capital argentina para vigilar los pasos del general Carlos Prats, quien fue asesinado junto a su esposa por agentes de la DINA por la misma época en que Ramírez cumplía sus funciones como representante del régimen. Pero tan confiado estaba Ramírez en la impunidad que lo rodeaba que, en septiembre pasado, dos meses después de declarar ante el juez Urrutia, viajó a Buenos Aires. No contaba con que, al poco de llegar, sería detenido. Hoy, el general Ramírez Pineda está preso en Buenos Aires esperando que un tribunal argentino resuelva si lo extradita a Francia, donde es requerido por el secuestro y desaparición del médico siquiatra y ex asesor de Allende, Georges Klein Pipper, uno de los ejecutados en Peldehue. Tras someterlo a proceso, el paso siguiente de Urrutia será solicitar a la justicia argentina la extradición del ex uniformado, para que enfrente la causa en Chile. En todo caso, Ramírez ya cuenta con abogado. En septiembre del año pasado, tomó su representación el ex abogado integrante de la Corte Suprema, Vivian Bullemore. A los testimonios del personal del Tacna, que señalan que fue el propio general Ramírez quien los mandó a buscar fusil y casco para integrar la comitiva que trasladaría los presos a Peldehue, se suman los reconocimientos que habría realizado al grupo tras el fusilamiento. El subteniente Herrera recordó que, al llegar al Tacna, fueron recibidos por el comandante del Regimiento, quien les señaló que los detenidos de La Moneda habían sido condenados por un Tribunal Militar. Ramírez habría agregado que aunque sabía que todo era muy duro, así era la vida militar. Víctor Romero recordó que la noche del 13 ó 14 de septiembre del 73 el coronel Ramírez, frente a todo el batallón del Tacna, señaló que en Peldehue se habían realizado los fusilamientos por traición a la patria. Dónde están En diciembre pasado, el subteniente Herrera habló con La Nación Domingo, pero entonces no fue identificado. Entre los recuerdos que tiene de lo ocurrido ese 13 de septiembre, uno de los hechos que aún lo impacta es la entereza de los detenidos. “Todos al ser ejecutados conservaron su dignidad y no se produjeron intentos de fuga. Ninguno pidió clemencia y algunos murieron gritando consignas políticas”, contó. A Cristóbal Jimeno no le extraña que así haya ocurrido. Sabe que su padre, el sociólogo Claudio Jimeno, asesor de Allende y uno de los desaparecidos de La Moneda, era un hombre valiente. Cristóbal, abogado, asumió la representación de su padre en esta causa. Y junto a Nelson Caucoto, que representa a los familiares de algunos GAP, han ido reconstruyendo pieza a pieza la trama de un cruento proceso. El día del golpe fueron detenidos al interior de La Moneda y trasladados al Tacna, 9 asesores y/o colaboradores del gobierno de Salvador Allende más 12 integrantes de su guardia personal, conocidos como GAP. De estas 21 personas, los restos de nueve fueron encontrados entre las osamentas exhumadas del patio 29 del Cementerio General. Los otros 12, permanecen aún desaparecidos. Se trata de Jaime Barrios; Enrique Huerta; Claudio Jimeno; Georges Klein y Arsenio Poupin, todos ellos ex asesores de Allende. Entre los GAP, aún no se conoce el paradero de Daniel Escobar; Oscar Lagos; Juan Montiglio; Julio Moreno; Julio Tapia; Oscar Valladares y Juan Vargas. Lo anterior lleva a plantear una de las interrogantes más permanentes del proceso. Veamos: estas 21 personas fueron detenidas en La Moneda y llevadas al Tacna. Según los testimonios de quienes participaron en el posterior traslado de los presos a Peldehue, “una veintena de hombres” fueron subidos al camión. Sin embargo, ¿por qué los restos de algunos de los detenidos aparecen en el patio 29 y otros continúan desaparecidos? A Eduardo Paredes, médico, ex director de Investigaciones, detenido en La Moneda y trasladado al Tacna, se lo dio por “muerto en enfrentamiento”. Luego, fue enviado a la Morgue y de allí al Patio 29 como “NN”. Una patrulla militar sacó al doctor Enrique París del Hospital José Joaquín Aguirre para ejecutarlo y luego lanzarlo al Patio 29. El también había sido detenido en La Moneda y trasladado al Tacna. Según el informe entregado por el Ejército a la mesa de diálogo, quienes aún figuran desaparecidos fueron lanzados al mar. Algo de eso se puede leer en los testimonios de los soldados que participaron en las remociones que se llevaron a cabo en Peldehue en diciembre de 1978. Pero, ¿en qué momento el grupo de detenidos de La Moneda fue dividido? Lo anterior, no es la única zona que aún permanece oscura en esta investigación. Quienes participaron en el traslado y posterior fusilamiento de los detenidos de La Moneda recuerdan que a la comitiva que salió del Tacna se sumaron al menos dos autos en que viajaban uniformados, algunos vestidos de civil y otros en tenida de combate. En total, alrededor de 8 individuos que, al llegar a Peldehue, comandaron la ejecución. Según Herrera, estos civiles andaban armados y al momento del fusilamiento se ubicaron detrás de él. A la hora de describirlos, uno de los testigos identificó al brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, el temido número dos de la DINA, como el hombre que dirigía la operación. Otras fuentes anónimas en el proceso, mencionaron también al general (r) Sergio Arellano Stark, quien en los meses siguientes comandaría los fatídicos vuelos del helicóptero Puma por el norte y el sur de Chile. Urrutia siguió el hilo de estas pistas. Consultó al Estado Mayor del Ejército el mando que ejerció Arellano el día del golpe y qué unidades quedaron bajo su jurisdicción. Al respecto, se le informó que Arellano era Comandante en Jefe del Comando de Tropa del Ejército y que de él dependían el Cuartel General, el Comando de Ingenieros y el Comando de Aviación del Ejército. ¿Y el Tacna? “No existen antecedentes en la institución”, fue la escueta respuesta. Luego Urrutia interrogó a Arellano, pero éste le habría ratificado el hecho de que los presos del Tacna dependían exclusivamente del general Ramírez Pineda. El otro Puma La acuciosa investigación llevada adelante por la ministra Amanda Valdovinos, tras el informe de la Mesa de Diálogo, fue como una inyección de energía para la causa de los detenidos de La Moneda. Luego de recibir un anónimo que indicaba que en la zona de Peldehue había restos de cráneos, la ministra movilizó su propio ejército de especialistas: geólogos, antropólogos y hasta panteoneros del Cementerio General. Fuentes vinculadas a la investigación señalan que para Valdovinos tan clave como el trabajo realizado por los especialistas, fueron los consejos del fiscal militar Roberto Reveco, quien la acompañó en muchas de sus diligencias. Con el paso de los meses, se identificó y excavó la fosa junto a la cual se habían llevado a cabo los fusilamientos. Tras un año de trabajo, el equipo de especialistas le presentó a la ministra un informe. Allí, se concluye que “del análisis de las osamentas recuperadas, las personas inhumadas en el lugar serían a lo menos 11”. Otro de los temas abordados en paralelo por la ministra Valdovinos y el juez Urrutia fue la remoción de los cuerpos de los fusilados en Peldehue. Esta se llevó a cabo en diciembre de 1978, por personal del mismo Tacna. Según los testimonios recogidos por ambos ministros, la orden habría emanado del fallecido ex Comandante de la Segunda División de Ejército, Enrique Morel Donoso. Los testimonios son macabros. El entonces sargento Eliseo Cornejo relata que a fines de diciembre concurrieron junto a personal del Tacna a Peldehue. Allí, premunidos de guantes, máscaras, palas y auxiliados por una máquina retroexcavadora, removieron los cuerpos de los detenidos de La Moneda. Luego, los echaron en sacos paperos. Horas más tarde serían depositados en un helicóptero que los lanzaría al mar. Lo que más recuerda José Canario es el olor nauseabundo que emanaba de los cuerpos. Y que los encargados de cumplir con la orden, bebieron mucho pisco, para superar el trance. El trago lo habría llevado el entonces capitán Luis Fuenzalida, quien habría estado a cargo de todo el proceso. Este, reconoció que efectivamente había participado en las exhumaciones. Y se acordaba claramente de la fecha, 23 de diciembre, día de la Pascua del Soldado: una fiesta familiar en que los uniformados reparten regalos a los hijos del personal. Fuenzalida recuerda que al volver al Tacna no se acercó de inmediato a su familia, porque se sentía sucio. El olor de los cuerpos lo acompañó por más de una semana. El ex capitán negó enfáticamente que hubiera llevado pisco; o que hubieran tomado. En el proceso, sin embargo, consta un curioso hallazgo del laboratorio de Criminalística de Investigaciones: los restos de una tapa negra en la cual se lee Pisco Control. Tampoco hay acuerdo entre los testigos respecto a si los cuerpos fueron cargados en un helicóptero para luego ser lanzados al mar. En septiembre del 2002, el juez Urrutia le solicitó al Jefe del Estado Mayor del Ejército un informe acerca del vuelo que habría efectuado un helicóptero Puma a los campos de Peldehue, en el mes de diciembre de 1978, y si habría sufrido algún desperfecto. La respuesta de la institución fue que “no existen antecedentes sobre la materia consultada”. Pero hay una ventana por la que puede entrar más luz a esta parte del proceso. En el informe de los especialistas, otra de las conclusiones destaca que en el lugar se encontraron colillas de cigarrillos y cabellos humanos. Con estos elementos, “es probable la obtención de huellas genéticas de las personas involucradas en la remoción de los cuerpos”, se afirma. Para entonces quizás se sepa toda la verdad de lo ocurrido en septiembre de 1973.
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