Dentro del cronograma establecido para la tramitación del Plan Auge, las comisiones unidas de Hacienda y Salud de la cámara de diputados aprobaron anoche el nuevo reglamento de la autoridad sanitaria, que deberá pasar a la sala para ser votado a la vuelta de las dos semanas distritales.
Este, el primero de cuatro proyectos que comprende el paquete del plan estrella del gobierno fue sancionado por los miembros de las comisiones hasta pasadas las 23 horas de anoche, en presencia del ministro de Salud y otros funcionarios de la cartera.
El presidente de las comisiones unidas, el diputado DC Pablo Lorenzini, dijo que con ello se está dando cabal cumplimiento al compromiso adquirido por las bancadas oficialistas con el Ejecutivo, en cuanto a terminar con la tramitación del Plan Auge en su conjunto antes de diciembre en la cámara de diputados.
El proyecto
El proyecto entiende por Autoridad Sanitaria a la institucionalidad del Estado encargada de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en salud y la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud de la población en el territorio nacional.
Su rol principal será la rectoría, regulación y fiscalización de los sectores público y privado de la salud y de los agentes cuyas actividades inciden en la salud de la población.
La Autoridad Sanitaria residirá, en lo fundamental, en el ministerio de Salud y en los organismos que de él dependen y que tengan atribuciones en éste ámbito.
Entre sus funciones destacan: elaborar y dirigir las políticas nacionales de salud; definir los objetivos nacionales de salud; fortalecer y desarrollar su acción en el espacio intersectorial para promover y desarrollar políticas públicas coherentes con las prioridades sanitarias; definir normas e instrumentos para evaluar la calidad de la atención; fortalecer el desempeño de las funciones esenciales de salud pública; definir el plan de salud y establecer sus garantías.
La Autoridad Sanitaria Regional que el proyecto diseña, se constituye separando de los Servicios de Salud las funciones propias de gestión de las redes asistenciales, que continúan estas últimas residiendo en el Director de Servicio, de las de autoridad. Estas pasan a ser desempeñadas por el Secretario Regional Ministerial de Salud (SEREMI), quien recibe por el proyecto todas las potestades que la ley le confiere a dichos directores, en relación con el ejercicio de la Autoridad men-cionada.
De este modo, por una parte, dicha separación se traduce en que los Servicios de Salud reformados no tendrán funciones de autoridad sanitaria, por lo que no ejercerán funciones de Rectoría ni Regulación. Se concentrarán sólo en la entrega de atención médica, siendo responsable de articular las redes de atención. Su grado de autonomía en el manejo financiero y de organización de las prestaciones estará asociado a un sistema de calificación permanente. La Autoridad Sanitaria Regional tendrá la potestad de intervenir la gestión financiera y sanitaria en aquellos casos considerados insatisfactorios.
El proyecto también propone una nueva estructura sanitaria del sector público de salud, que se ajusta a las actuales exigencias que impone la transición epidemiológica, la tecnología médica vigente y las necesidades de salud de la población.
Adicionalmente, se proponen nuevas capacidades de gestión para superar las restricciones actuales, que originan ineficiencia en la administración de los recursos que el Estado y las personas destinan al cuidado de la salud de la población.
En suma, la iniciativa legal tiene tres propósitos fundamentales:
primero, fortalecer la institucionalidad y las potestades de la Autoridad Sanitaria, estableciendo una clara separación de funciones con la gestión de los Servicios de Salud.
Segundo, establecer normas que permitan mejorar la gestión de los Servicios de Salud, adecuándola a los requerimientos del Sistema AUGE. Es así como se establece la constitución de Redes Asistenciales con mayor flexibilidad administrativa que la actual, y con la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.
Tercero, establecer instancias de participación ciudadana en las Secretarías Regionales Ministeriales y en las Direcciones de los Servicios de Salud.
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