La encuesta que realizó en abril el Instituto Libertad y Desarrollo -plataforma programática de la UDI- arrojó que un 52% de la cuidadanía considera que el Plan AUGE representa una solución real a los problemas actuales que enfrenta la salud pública.
Un 48% de los encuestados afirmó que el AUGE es una medida política del gobierno y un 60% agregó que este sistema no se condice con la reforma a la salud anunciada hace dos años por la administración concertacionista. Sin embargo, un 46% confía en que este sistema repersente un aporte para la salud pública y la mejora de sus actuales condiciones.
El objetivo de LyD fue palpar la percepción de la opinión pública sobre la reforma a la salud y el AUGE, para lo cual entrevistó el 25 de abril a mil personas -vía telefónica- mayores de 18 años e inscritas en los registros electorales de las 47 comunas urbanas más importantes del país.
Coincidente con el discurso político enarbolado por la UDI en estas materias, los resultados de la muestra arrojaron que el 70% considera que los hospitales públicos y los consultorios no están bien administrados y un 63% concuerda con la visión que el sector de la salud recibe suficientes recursos públicos, pero éstos son mal administrados. Sobre este punto, un 37% asegura no compartir este criterio.
A la luz de estas cifras, LyD plantea que centrar la atención de la ciudadanía en un problema de recursos y de acceso a planes garantizados, parece distante a la realidad percibida por la opinión pública sobre las actuales condiciones del sector de la salud.
Agregan que la percepción ciudadana sobre los problemas en administración de la salud pública 'coincide con estudios que estiman caídas en productividad del sector a pesar del aumento sostenido de recursos y arrojan que los pacientes en lista de espera superan los 18.000, con 50 semanas de espera en promedio'.
Para el Instituto LyD es clave que en el Plan AUGE en el sector público, los derechos de los usuarios de este sistema san garantizados a través de contratos explícitos sobre coberturas y tiempos máximos de espera. Junto a ello, se debería dar libertad a Fonasa para comprar prestaciones al sector público y privado y así garantizar los derechos de los usuarios.
Sobre el financiamiento, sentencia que no es viable destinar parte de las cotizaciones de salud (que representa indirectamente mayores impuestos para quienes cotizan en Isapre) y la aplicación de impuestos específicos, dado que no son suficientes y nunca se ha medido la externalidad que producen.
Agregan que mecanismos óptimos son aumentar la eficiencia al menos en un 10% lo que representa 170 millones de dólares adicionales, para asegurar una capacidad de ahorro y cumplimiento de metas de gestión. También destaca como fórmula viable la privatización de empresas públicas, como Enap y Correos de Chile.
En cuanto a la gestión pública, el ente pensamente del gremialismo agrega que a nivel de consultorios se debe establecer una completa descentralización de los establecimientos, en gestión y financimiento, mientras que en los hospitales públicos se debe garantizar 'una mayor autonomía, externalización de servicios e implementar el sistema de concesiones para ampliar la infraestructura'.
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