En una nueva manifestación de la fuerza que han tomado las investigaciones en el exterior por crímenes cometidos durante la dictadura chilena y de la disposición de los tribunales a ayudar en los procesos, ya fue despachado por la Cancillería rumbo a Francia la extensa respuesta al exhorto que la nación europea envió a la justicia nacional, a mediados del año pasado. con declaraciones de casi medio centenar de ex agentes de los servicios de inteligencia.
Una larga lista de generales, oficiales en retiro y ex agente de la DINA –48 en total- respondieron las consultas del magistrado Roger Le Loire, canalizados por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard.
En ellas, pieza angular son las preguntas sobre la participación de la DINA en la desaparición del sacerdote Etienne Pesle (19 de septiembre de 1973 en Temuco), del asesor de Salvador Allende, Georges Klein (desaparecido en La Moneda el 11 de septiembre de 1973), Jean-Yves Claudet Fernández (1 de diciembre de 1975 en Buenos Aires en el plan Cóndor), Marcel Amiel Baquet y Alfonso Chanfreau (30 de junio de 1974), causas abiertas en Chile y en Francia.
A través de mil 400 fojas los tribunales chilenos remiten también las compulsas legales del expediente de la justicia militar del caso Chanfreau, junto con el proceso íntegro del caso de Pesle, Claudet y Baquet y los antecedentes recopilados hasta el momento en la causa abierta en el Quinto Juzgado del Crimen capitalino sobre Georges Klein.
Pero son las declaraciones indagatorias del general (r) y ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda; Raúl Iturriaga Neumann; del general (r) César Benavides; teniente coronel (r) de Carabineros Gerardo Godoy en su calidad de jefe del grupo Tucán de la DINA; el coronel (r) Marcelo Moren Brito, jefe de la Brigada Caupolicán de la DINA; el brigadier general (r) Miguel Krassnofff Marchennko, jefe del grupo Halcón de la DINA; el coronel (r) de Carabineros Guillermo Lawrence Mires, jefe del grupo Aguila de la DINA; el coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima; el subjefe del departamento exterior de la DINA José Zara Holger, el ex agente Javier Palacios, el general (r) Joaquín Lagos; el general (r) Sergio Arellano Stark; el oficial(r) Miguel Angel Concha y la ex agente Luz Arce, las que conforman el plato fuerte del exhorto.
Aunque en ellas se mantiene la tónica de la negación e ignorancia de los hechos, la justicia francesa considera como un paso significativo contar con estos testimonios, sobre los cuales seguirá adelante en su extensa investigación, que ya alcanza los 32 tomos.
Y es que los tribunales galos han demostrado que pese a las dificultades seguirán adelante con este proceso, como dejaron en evidencia al despachar una orden de captura internacional que afecta a los mismos interrogados.
Por ello, tampoco resultan extrañas las declaraciones de altos personeros franceses que anunciaron que a fines de este año se podrían dictar las primeras condenas en ausencia por los crímenes cometidos contra ciudadanos de esa nacionalidad.
La cooperación en Chile ha demostrado un cambio en la doctrina que otrora detentó la Corte Suprema, que consideraba una invasión a la jurisprudencia nacional iniciar procesos sobre connacionales en el extranjero.
Cooperación internacional
De acuerdo al abogado Sergio Corbalán, experto en derecho penal internacional, los tribunales chilenos se han abierto y comprendido la importancia de una corte internacional, la que sin interferir con el principio de la territorialidad de la justicia nacional, permita avanzar en aquellos casos donde se ha dictado la ley de amnistía o la prescripción.
Precisó que la tramitación de este exhorto, como otras señales dadas principalmente en torno al caso Prats -que se instruye en Argentina-, han representado un cambio de giro en la Corte Suprema que antes miraba con cierto recelo las solicitudes de la justicia extranjera en causas de derechos humanos.
En el caso del juez Guzmán, conocida es su simpatía por recurrir a otros tribunales sean nacionales o extranjeros para conocer más antecedentes sobre procesos complementarios a los que tramita. Por eso no resulta curiosa su buena disposición a colaborar entregando material a Le Loire, durante la visita de éste a Chile, pero también requiriendo información.
Justamente ello realizó a fines del año pasado cuando un equipo del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones viajó a Francia para requerir nuevos antecedentes y contactarse con el juez galo, que en la actualidad es subrogado por la magistrada Chateau.
Esta no es la primera vez en que Guzmán se vale de procesos en el extranjero para avanzar en su investigación sobre la denominada Operación Cóndor. De hecho durante la visita en diciembre pasado de la abogada francesa Sophie Tohuton, el ministro de fuero recibió antecedentes de su par europeo, situación que también se había producido cuando el propio magistrado Le Loire visitó Chile.
En cuanto al exhorto, luego de cumplidas todas las diligencias solicitadas por Francia fue remitido a la Fiscalía de la Corte Suprema que emitió un informe positivo, para finalmente ser aprobado por la Sala Penal del máximo tribunal del país. El 21 de enero llegó a la Cancillería y, recién el jueves pasado, fue remitido a las autoridades francesas por la vía consular, por lo que se estima que dentro de los próximos días llegaría al tribunal europeo.
Distinto fue el panorama del otro exhorto que envió meses atrás la justicia alemana, el que debió ser devuelto para aclarar diligencias contempladas, principalmente relacionadas con interrogatorios.
Y en la misma línea, se encuentra a la espera de la evaluación preliminar de la Fiscalía de la Suprema otra carta rogatoria, esta vez de la justicia de Bélgica, que comenzó mientras Pinochet estaba detenido en Londres.
El 2 de noviembre del 2000 la Justicia belga admitió a trámite las denuncias por detención ilegal, tortura y asesinato presentadas contra Pinochet por seis ciudadanos de origen chileno residentes en Bélgica y, días más tarde, el 24 de noviembre un juez de instrucción de Bruselas dicta una orden internacional de detención con Augusto Pinochet. Con el paso del tiempo, el magistrado comenzó la fase sumaria, que tiene como punto importante el envió de esta carta rogatoria que probablemente sólo comenzará a ser vista en marzo, cuando se retomen en pleno las actividades de los tribunales.
Junto a ello, los querellantes en la desaparición de Juan Luis Rivera Matus también solicitaron diligencias en el extranjero. Esta vez, pidieron al juez instructor del caso Joaquín Billard que envié un equipo del Departamento Quinto a Francia para tomar nuevamente declaración al ex agente del Comando Conjunto Andrés Antonio Valenzuela Morales, conocido como “El Papudo”.
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