Chile no escapó al abominable método que utilizaron las dictaduras de Argentina y Uruguay para reprimir y eliminar a sus opositores políticos: la DINA, la SIFA y la CNI secuestraron a menores de edad y los usaron para extorsionar a sus padres y lograr sus detenciones.
Ese es el crudo contenido de la querella presentada ayer por el Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) contra el procesado general (r) Augusto Pinochet, y los cabecillas de las disueltas Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), generales (r) Manuel Contreras y Edgar Ceballos, respectivamente.
En la acción judicial, que fue interpuesta por el abogado Hiram Villagra ante el juez Juan Guzmán, se relatan los casos de cinco niños secuestrados en los primeros años del régimen, unos retenidos en sus casas -en las llamadas “ratoneras” o trampas que tendieron los organismos de seguridad-, y otros secuestrados y llevados a centros de detención como Villa Grimaldi o derivados a hogares de menores de Carabineros sin que nadie lo supiera.
El hecho cobra especial importancia luego que en Argentina el juez Gabriel Cavallo remeció el escenario judicial al declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Era el último coletazo del millar de procesos por sustracción de menores que ha llevado tras las rejas a altos funcionarios de la dictadura militar trasandina, incluido el general Jorge Videla, por apropiarse de los hijos de sus víctimas durante el período 1976-83.
Entre los casos detallados en el libelo, se cuenta el de Macarena Aguiló, quien fue secuestrada por la DINA en 1975, cuando tenía 3 años, y trasladada primero a Villa Grimaldi y luego a un hogar de Carabineros, donde estuvo retenida 22 días, a pesar de que sus familiares directos habían presentado un recurso de amparo para dar con su paradero. El objetivo de los servicios de seguridad del régimen era detener a su padre, Hernán, alto dirigente del MIR casado con Margarita Marchi, quien había caído en las oscuras manos de la SIFA.
Hoy Macarena tiene 29 años, y ver a su hijo Bruno de 3 años -la misma edad que ella tuvo cuando atravesó este capítulo negro de nuestra historia reciente- fue uno de los factores que la llevó a decidirse a presentar la querella. “Verlo fue importante para dimensionar lo que me sucedió... quiero que sepa que tuve la posibilidad de hacer justicia”, afirmó a Primera Línea.
En el libelo también se relata el caso de las hermanas Lena y Casandra Parvex, hijas del matrimonio conformado por Ignacio Parvex y Liliana Maldonado, ambos militantes del MIR. Tenían 3 y 6 años de edad, respectivamente, cuando agentes de la SIFA y la DINA las retuvieron en la casa de su abuela durante casi un mes, para lograr la detención de sus padres.
Con alarmante crudeza, el libelo cuenta la manera en que ellas identifican a Edgar Ceballos como una de las personas que estuvo en la casa, recuerdo que va de la mano del encañonamiento de armas al grupo familiar, sucesivas intimidaciones a la abuela, o la permanente escolta de soldados, cuando se les permitió ir al colegio.
En el Codepu explicaron que se trata de la primera acción judicial que denunciarán a la justicia, y precisaron que cuentan con antecedentes de más de 20 casos distintos que posibilitarán la presentación de nuevas querellas, esta vez ordenadas por el organismo de seguridad que participó en el secuestro, y los centros de detención a los que fueron trasladados los niños.
En ese contexto, fuentes confirmaron a Primera Línea que se avanza rápidamente en la redacción de un segundo libelo que abarcará el período en que la represión política fue encabezada por la CNI.
Además de las normas contenidos en la legislación chilena sobre el secuestro de menores de edad, los libelos adjuntarán disposiciones de la Convención Internacional sobre los derechos del niño, la de Ginebra -contra la toma de rehenes en estado de sitio-, y la de Prevención contra el Genocidio, que sanciona los secuestros contra grupos sociales específicos. Por esas razones, se argumenta que los delitos están fuera del amparo de la Ley de Amnistía y son imprescriptibles.
Otro caso en el que trabaja el Codepu -que no formará parte de la querella- es el de los nietos del diputado comunista Bernardo Araya. En 1976, a sus escasos 12 y ocho años, Inoska y Wladimir tuvieron que presenciar las torturas de su abuelo en el cuartel 'venda sexy' de calle Los Plátanos. Y el hecho estampó un sino fatal para uno de ellos: diez años después Wladimir perdió la vida a manos de la CNI, en la matanza de la Operación Albania.
Además, existen antecedentes de pequeños que eran llevados a diversos lugares de la capital para que reconocieran a sus padres o tíos y los delataran inocentemente.
'La única manera de mirar adelante es mirando hacia atrás, y sanando todo lo que ocurrió. Y eso no está hecho, ni remotamente”, reflexiona Macarena Aguiló, al explicar los motivos de su acción legal.
Sigue... El testimonio de una menor de tres años en Villa Grimaldi
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